La flor de la palabra / La consulta a los pueblos

Estas semanas de agosto se han realizado las Asambleas Regionales de Consulta acerca de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, un documento elaborado por un Comité Técnico Asesor, con la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y algunas instancias del gobierno federal, como la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, las cuales han convocado, con la firma de la Presidenta de la República, a las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a participar en alguna de las ochenta y dos asambleas que se pretenden realizar del 7 de agosto al 13 de septiembre de 2026. Es importante mencionar que diversas comunidades y organizaciones indígenas, a través de sus asambleas y en las redes digitales, expresan su desacuerdo con este catálogo, señalando que los pueblos indígenas tienen una existencia inmemorial que no debería pasar por procesos burocráticos para validar su existencia.

La iniciativa consta de 453 artículos que abordan temas relevantes, cuya atención ha sido demanda histórica de la población indígena y afromexicana. Inicialmente parece ser una buena noticia que ¡por fin! cuenten con un instrumento legal que proteja sus derechos con mayor precisión, con el que puedan ejercer su personalidad jurídica, además de garantizar su participación y representación en la vida pública en este país. Sin embargo, organizaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas, además de juristas especializados, académicos e investigadores, están señalando algunas contradicciones y carencias en este documento, por lo cual realizan sus propios foros, conferencias y asambleas, donde discuten aspectos del proceso de consulta y el contenido de esta propuesta de ley.

No es cosa menor, por ejemplo, que la organización Pueblo Negro AC haya interpuesto el juicio de Amparo 842/2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Guerrero, acusando graves deficiencias metodológicas en el proceso de consulta, además de la exclusión de algunos estados y la violación de tratados internacionales; o que los pueblos de Santa María y San Miguel Chimalapa, en Oaxaca, hayan rechazado participar y ser sede de una asamblea de consulta, porque el INPI no los consultó al respecto, solamente les entregó un cuadernillo, sin dar información de manera previa y culturalmente pertinente, es decir, en su propia lengua. La Asamblea de los pueblos masewual, totonaku de Puebla y Veracruz hablan de una “ley que ofende la inteligencia” y reafirman la defensa de su territorio.

Asimismo, el Congreso Nacional Indígena señala el proceso como una burla y acusa que la iniciativa da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, mientras que en asamblea del Consejo Maya Peninsular representantes de comunidades de Isla Aguada, Isla Arena, Ich Ek, Ixil, Telchaquillo y El Cuyo, además del Concejo Indígena Comunitario de San Francisco Suc Tuc, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá, Comunidades por la Autonomía y Fundación Indígenas 3D, suscribieron un pronunciamiento que señala que la asamblea de consulta realizada en su territorio no cumple con las condiciones de una consulta previa, libre, informada, culturalmente pertinente y de buena fe, no participaron todos los representantes de comunidades indígenas, sino sólo algunos seleccionados por el INPI. Estos son unos cuantos ejemplos; no hay espacio para más, pero sí es importante señalar que las autoridades e instituciones de gobierno deben ser más sensibles y escuchar las observaciones que se hacen desde los pueblos, como la falta de carácter vinculante, la defensa real del territorio y la naturaleza, para incluirlas y lograr una ley fortalecida que realmente beneficie a quienes han sido largamente excluidos en este país.