La flor de la palabra / Una deuda con los pueblos

Uno de los muchos temas pendientes que hay con los pueblos originarios es hacer realidad lo consignado en el artículo tercero de la Constitución Mexicana, que dice que “en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural”. La Secretaría de Educación Pública pone pretextos para incumplir con este mandato constitucional. Desde los pueblos lo que vemos es que el Estado continúa con una vieja historia de marginación y exclusión de la población indígena en el ámbito educativo. En la época porfirista eran pocos los estudiantes indígenas que asistían a alguna escuela, debido a que la población seguía funcionando con un modelo feudal que daba prioridad al trabajo en el campo, y los campesinos y peones no podían pagar la educación de los hijos. En ese escenario, los pueblos originarios sufrieron una exclusión casi total, pues el sistema ignoraba sus realidades lingüísticas y culturales, viéndolos únicamente como mano de obra agrícola y no como sujetos de derecho educativo.

Uno de los principales impulsores de la educación durante la última etapa del gobierno porfirista fue Justo Sierra, personaje ilustrado y preocupado por desarrollar la educación y hacerla accesible al pueblo desde los espacios que ocupó como subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, y posteriormente como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sin embargo, su visión de “unidad nacional” concebía al indígena como un elemento que debía ser civilizado e integrado a la cultura mestiza dominante, sentando las bases de una política educativa homogeneizadora que buscaba desaparecer las identidades locales. La incorporación de la población a la unidad nacional significó en la práctica el inicio del despojo de las lenguas maternas, al imponer el español como único idioma válido para la construcción de la ciudadanía.

Durante el período cardenista, la educación adquiere mayor importancia y se procura hacerla más accesible a todos los mexicanos. Destacan acciones como la creación del Instituto Politécnico y el Departamento de Asuntos Indígenas que, entre otras cosas, atendía el tema de la educación, reorganizando los centros de educación indígenas como escuelas vocacionales de agricultura. Además, se implementaron acciones para “mexicanizar al indio”. Se usó su lengua materna como puente para castellanizarlos, lo que llevó a muchos profesores de esa época a recurrir incluso a acciones violentas para que los estudiantes dejaran sus lenguas y sus elementos culturales. Este enfoque, conocido como indigenismo asimilacionista, no buscaba dignificar las culturas originarias, sino utilizarlas como un instrumento transitorio para disolver la pluralidad étnica dentro de la identidad mestiza del Estado-nación.

En este sentido, podemos decir que la historia de la educación en México también ha sido una historia de luchas de ideas, de modelos educativos y de temas sociales, como lo vemos en la actualidad. Prácticamente cada sexenio se realiza alguna reforma educativa que tiende más a las modificaciones administrativas que a los contenidos educativos o modelos pedagógicos. Esta desconexión afecta gravemente a las comunidades indígenas, donde las reformas actuales suelen quedarse en el discurso de la “interculturalidad”, pero siguen operando con planes de estudio centralizados, falta de materiales en lenguas originarias y escuelas rurales en el abandono institucional. También es una historia de violencia, desde los fuertes debates entre los intelectuales para decidir qué modelo adoptar, hasta las luchas de los profesores con los poderes locales y nacionales, así como las movilizaciones magisteriales, sea por la protesta contra las
reformas educativas o por las demandas de mejores condiciones de trabajo. La realidad es que la deuda histórica con una educación indígena verdaderamente bilingüe y respetuosa de la
diversidad, sigue siendo uno de los mayores pendientes del Estado mexicano l